A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad financiera, persisten notables disparidades en el acceso y uso de servicios financieros, como cuentas de ahorro, créditos, seguros y afores, en México.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 realizada por el INEGI y la CNBV, solo el 40% de las mujeres entre 18 y 70 años tienen algún tipo de cuenta de ahorro, ya sea una cuenta de nómina o una cuenta de apoyo gubernamental. En contraste, este porcentaje asciende al 60% en el caso de los hombres. Estas cifras se mantienen consistentes en todos los tipos de productos financieros, donde las mujeres continúan siendo minoría en cuanto a cuentas de crédito, seguros y afores. Además, las mujeres indígenas o rurales enfrentan los mayores obstáculos para acceder de manera efectiva al sector financiero y sus productos. A pesar de que las mujeres indígenas son el motor de la economía informal en la Ciudad de México, enfrentan discriminación y violencia.
La mayoría de las mujeres indígenas que migraron a la Ciudad de México tienen una escolaridad promedio de 6.2 años, en comparación con los 9.1 años en promedio de la población capitalina, lo que contribuye a su alta precarización laboral derivada de su trabajo en el sector informal de la economía, principalmente. Según Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), "son un pilar y una fuerza impulsora para miles de familias; muchas de ellas solían trabajar como empleadas domésticas y ahora se encuentran sin empleo ni salario, pero asumiendo tareas adicionales y no remuneradas, como el cuidado de niños, enfermos y personas mayores".
En el estudio de ONU Mujeres titulado "Experiencias e iniciativas innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres y una recuperación con perspectiva de género en América Latina", se destaca la importancia de que el sector privado genere incentivos para el acceso al capital de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres, así como de cooperativas, prestando especial atención a grupos de mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Esto puede lograrse mediante la provisión de fondos de garantía que permitan a las instituciones financieras reducir el riesgo asociado con la atención a segmentos de mercado que no cumplen con los requisitos actuales del mercado, y también mediante la promoción de la emisión de bonos de género con el fin de atraer inversiones hacia empresas lideradas por mujeres.
Por otro lado, tanto la banca pública como la privada, así como la banca de desarrollo, tienen la responsabilidad de desafiar al mercado mediante la introducción de productos innovadores que generen confianza y reduzcan los prejuicios en torno a trabajar con diferentes subsegmentos de mujeres, especialmente aquellas en la base de la pirámide. Estos esfuerzos tienen un efecto multiplicador, ya que estimulan a las instituciones financieras intermediarias a revisar sus prácticas e implementar innovaciones que garanticen la aplicación de dichos instrumentos financieros y el logro de los resultados esperados en términos de inclusión de las mujeres y su autonomía económica.
Con tu participación formaremos un sistema financiero equitativo.
